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Mayoría demócrata en los pasillos del Congreso gringo

¿El imperio se absuelve a sí mismo o actúa con decencia?

Por Tania Karina Martínez Cedeño · Columnista

Cortesía
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El 10 de noviembre, la mayoría republicana frenó el intento de juicio político contra Pete Hegseth al enviar la resolución a comisión. Entre las acusaciones figura el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores. La mayoría demócrata que asumirá en enero encontrará ese crimen incorporado a la disputa parlamentaria.

Lo que está por verse es si los demócratas tendrán la decencia política de investigar la responsabilidad de Trump. Si pretenden que esta acusación no se reduzca a una revancha partidaria, tendrán que acompañarla de un plan concreto de reparación por el secuestro de un presidente y su esposa, la violación militar de la soberanía venezolana y el asesinato de los mártires cubanos.

Ese plan exige la libertad de Maduro y Cilia, que el Estado estadounidense responda por los asesinatos y repare a las familias de los mártires cubanos y la restitución del derecho del pueblo venezolano a decidir sobre su territorio y sus recursos.

Mientras tanto, Cilia sigue presa. Sus abogados denuncian el agravamiento de su condición cardíaca y el tribunal le negó la libertad bajo fianza. Su salud exige una respuesta que no puede quedar subordinada al calendario parlamentario.

Jeffries cuestionó la falta de autorización del Congreso mientras desconocía la legitimidad de Maduro. Defender las atribuciones parlamentarias puede coexistir con la aceptación del reordenamiento impuesto a Venezuela.

El acuerdo petrolero anunciado por Washington después del secuestro contempla concesiones de cien años y participación accionaria del gobierno estadounidense. Hegseth figura entre sus firmantes. Son compromisos concebidos para durar mucho más que él en el cargo. Allí está el contenido material de esta disputa: quién decide sobre la producción y quién dispone de la renta.

Porque, claro, sería muy democrático destituir a un funcionario, felicitarse por la fortaleza de las instituciones estadounidenses y seguir cobrando los beneficios de la misma operación que se condena aquí y disfrutando la renta del petróleo venezolano.

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